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28 jun. 2012

URUGUAY ¿DEMOCRACIA O TOTALITARISMO?

Cuando las garantías de la Democracia son jaqueadas

Uruguay se ha unido a un proceso propio de gobiernos de índole totalitario. Desde un principio venimos observando como desde muchos puntos de vista las instituciones democráticas en Uruguay para el partido de Gobierno son un mero discurso político según la conveniencia del momento.

No hace mucho y a pesar de que por dos veces sucesivas el pueblo dijo no a la derogación de la Ley de Caducidad de la pretención punitiva del Estado, se busco la forma de ilegitimar esa decisión. Y utilizando un mecanismo flagrantemente inconstitucional "se reinterpretó" la tan manida Ley. Reinterpretación que en sus mayorías pasó literalmente por arriba las mayorías decisorias del pueblo que en dos oportunidades dijo NO.

Hoy se evocan las mayorías del pueblo en un hecho que tiene que ver con un país hermano: Paraguay y la Destitución de Fernando Lugo como presidente.

La gravedad de los argumentos esgrimidos desde nuestro país no pueden dejarse pasar por alto.

En representación del Gobierno el Canciller de nuestra República, el Sr. Almagro dice respecto de la legitimidad del actual Presidente de Paraguay y por tanto de la investidura de su gobierno: 

"El canciller expresó qué, técnicamente, la situación en Paraguay es "un quiebre institucional, donde no se han tenido las garantías constitucionales para deponer un presidente electo por la gente." Con anterioridad a esto dice el por qué sostiene nuestro gobierno esta postura: "Se reconoce la existencia del Juicio Político en la Constitución de Paraguay, pero esto no significa que sea considerado constitucional el mecanismo utilizado, ya que carece de las garantías del debido proceso. Estas garantías requieren de plazos más largos para implementar la defensa, así como para implementar las declaraciones. No debe haber en el camino decisiones o sentencias previas,como ocurrió en este caso."

Y con anterioridad había expresado: "la estabilidad natural de las decisiones del pueblo, el único soberano, son las que se deben preservar a través de las cláusulas democráticas en la región."

La gravedad a la que nos enfrentamos es que no importa si el Instituto está previsto o no en la Constitución, sino, que desde su pensamiento, el de nuestro gobierno y por supuesto el de los que acompañan este atropello a la Democracia y a la legalidad y legitimidad de los procesos democráticos, "desde su pensamiento vuelvo a repetir: para que haya garantías del debido proceso se debería haber dado más tiempo -el que desde fuera del Paraguay y sus leyes- se cree conveniente.

Al gobierno que muchos uruguayos y uruguayas le han dado sus mayorías para que las ejerza democráticamente no le interesa ni lo establecido en la Constitución del Paraguay, ni en la declaración de un Parlamento elegido democráticamente, ni la declaración de legitimidad que otorga "El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay":


Dice que "Se reconoce la existencia del Juicio Político en la Constitución de Paraguay, pero esto no significa que sea considerado constitucional el mecanismo utilizado, ya que carece de las garantías del debido proceso. Estas garantías requieren de plazos más largos para implementar la defensa, así como para implementar las declaraciones. No debe haber en el camino decisiones o sentencias previas,como ocurrió en este caso."

Ante estas declaraciones tenemos para decir: (ya que desde hace un tiempo el plural ha dejado atrás el singular del que habla):

1) El Juicio Político es un instrumento constitucionalmente válido en Paraguay porque su Constitución lo establece.

2) El Parlamento resuelve su destitución garantizando las mayorías requeridas en su instrumentación.

3) El propio enjuiciado políticamente y no penalmente, sino políticamente acepta las reglas de juego que le establecen a pesar de haber querido ampararse en la declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia del Paraguay, cuyo alegato le establece que no ampara su petición dado que siendo un instrumento político el Juicio Político no es de su competencia y por tanto no puede actuar.

Pero a pesar de todos estos "hechos" unos constitucionalmente legítimos y otros de carácter netamente políticos que lo dejan sin respaldo, nuestro gobierno decide sumarse a un acto ilegítimo: Suspender a Paraguay y no permitir su restablecimiento en la toma de decisiones del Mercosur y de la Unasur por algo muy simple en verdad: este gobierno del Frente Amplio se abrogó el derecho de estipular cuáles son los plazos que debería dar otro parlamento en otro país y con otras reglas de juego.

Este gobierno del Frente Amplio decide ser Juez y Jurado. Y declara que no reconoce cómo válido ningún instrumento democrático sino se aviene a "su sentir, pensar" por lo que Uruguay es quién debería estar en tela de juicio dentro del Mercosur, siendo investigado el ejercicio antidemocrático de su gobierno.

Bien haría la OEA en investigar los sucesos que marcan la norma de los gobiernos que como el nuestro actúan vaciando de contenido la democracia y ejerciendo un verdadero gobierno totalitario.

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